En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, la aprobación de planos para iniciar una obra ha sido tradicionalmente un proceso largo, con múltiples revisiones, criterios variables y reiteradas instancias de corrección. Estas demoras, habituales para arquitectos y desarrolladores, generan sobrecostos y retrasan decisiones de inversión, un problema recurrente dentro del ecosistema de la construcción.
Con el objetivo de modernizar este esquema, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en la digitalización de los circuitos de aprobación de obra y habilitaciones. La actualización apunta a que los trámites más simples puedan resolverse en un solo día, mediante nuevas etapas de validación digital y una reorganización del proceso administrativo para reducir observaciones y devoluciones.
El eje de esta transformación es Model BA, una herramienta desarrollada con Inteligencia Artificial (IA) que integra automáticamente los requisitos del Código Urbanístico y del Código de Edificación en los modelos realizados en Revit, el software BIM utilizado por el sector. El sistema analiza en tiempo real si un proyecto cumple con la normativa vigente. La subsecretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Burijson, lo define como “un analista online disponible mientras se trabaja el proyecto”, que permite anticipar ajustes antes de la presentación formal.
De acuerdo con Burijson, la iniciativa surge de un diagnóstico compartido con los profesionales: “Durante años, la percepción general era que cualquier trámite demoraba más de lo necesario”. La falta de estandarización y las diferencias de criterio entre estudios y organismos públicos explicaban buena parte de la lentitud. La nueva metodología busca homogeneizar parámetros y liberar capacidad técnica para los casos que requieren interpretación urbanística.
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La implementación es gradual. En esta primera etapa, el sistema se aplica a obras nuevas ubicadas en Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja (0, 1 y 2), que representan cerca del 28% de las parcelas porteñas. La previsión oficial es que, hacia marzo, cualquier proyecto que no demande intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística pueda gestionarse bajo este esquema. En paralelo, se incorporaron otras soluciones digitales, como un asistente para habilitaciones que determina si un uso es permitido en una parcela, además de ajustes en los procedimientos de incendio y propiedad horizontal. El objetivo común, señala Burijson, es que “quien cumple la norma pueda avanzar sin demoras innecesarias”.
Los primeros resultados muestran mejoras concretas: en el primer trámite gestionado con esta herramienta, la aprobación se resolvió en el mismo día. Hasta ahora, incluso proyectos pequeños podían demorar alrededor de dos semanas, mientras que otros se extendían durante meses o hasta un año. Por el momento, el sistema excluye los casos que requieren interpretación urbanística, aunque desde la subsecretaría indicaron que también se trabaja en optimizar ese circuito.
El nuevo proceso se integra a una estrategia más amplia de modernización administrativa. El flujo combina Ciudad 3D, validación digital previa, caratulación en TAD y registro final del plano. La validación anticipada de parámetros técnicos —como altura, ventilación, iluminación y superficies— permite corregir los modelos antes de iniciar el trámite formal, reduciendo retrabajos y observaciones posteriores.
Este cambio también redefine la dinámica entre profesionales y organismos públicos. “La idea no es excluir actores, sino ordenar un proceso que requiere responsabilidad técnica del profesional”, aclara Burijson. Al reducir el volumen de expedientes con errores, el sistema permite concentrar los recursos técnicos en proyectos complejos y mejorar la consistencia de las decisiones.
Como complemento, la Ciudad lanzó un programa de capacitación para arquitectos, desarrolladores y técnicos, que incluye licencias de prueba para proyectos de hasta 2500 m² y materiales de apoyo para facilitar la adopción de estas herramientas digitales. En palabras de la subsecretaria, el objetivo es claro: “Queremos que quien decide invertir pueda hacerlo sin que el trámite sea un obstáculo, siempre dentro del marco normativo”.
Fuente: La Nación
